La congresista demócrata respondió así ante la acción de Bukele de pedirle a ciudadanos de California no votar por ella en próximas elecciones. Torres criticó en una entrevista que el presidente salvadoreño mandó 49 tuits y retuits contra ella.
La congresista demócrata, Norma Torres, dijo el lunes que espera que se investigue al presidente Nayib Bukele por interferir “en una elección federal” luego de que a a través de Twitter pidiera a ciudadanos en el Estado de California no votar por ella en las próximas elecciones.
Torres, férrea crítica del gobierno de Bukele, quien ha cuestionado en reiteradas ocasiones la crisis migratoria en El Salvador, Honduras y Guatemala; dijo que no ha ocurrido hasta hoy que un presidente haya hecho campaña contra la elección de un congresista en Estados Unidos.
“No ha ocurrido, es algo que se tiene que investigar porque es algo ilegal lo que él hizo al interferir en una elección federal, aquí en Estados Unidos es un crimen, así que espero que el FBI haga una investigación a esto porque no le corresponde a él decir a mis votantes por quien votar, como yo no me meto en las elecciones de ellos”, sentenció.
En una entrevista en el programa Al Punto con Jorge Ramos, de Univision, Torres agregó que no está sorprendida de la violenta respuesta del mandatario salvadoreño pues asegura “es como él se comporta con periodistas, mujeres, con todas las personas que se oponen a lo que el quiere hacer”.
“Lo que sí me sorprendió es que un presidente de una República pasó toda la noche, desde que yo hice ese tuit, a las 9 de la mañana del otro día el había mandado 49 tuits y retuits contra mí”, añadió al ser entrevistada por el periodista León Krauze.
Torres agregó que si Bukele pusiera esa misma atención “a salvar la vida del pueblo salvadoreño no tuviéramos nosotros esos problemas, los síntomas de lo que está pasando en la región”.
En su tuit publicado el 1 de abril, en el que Bukele pide no votar por la legisladora, también la acusó, sin pruebas, de que las críticas a su gobierno, por parte de la legisladora, se deben a que recibe “financiamiento”.
Durante los últimos días, Torres ha atribuido la crisis migratoria a los Gobiernos de los países del Triángulo Norte, asegurando que es preocupante la cantidad de niños que viajan solos a Estados Unidos, y se ha mostrado muy crítica con los gobiernos de Bukele, en El Salvador; Alejandro Giammattei, en su natal Guatemala; y Juan Orlando Hernández, en Honduras al considerar que su falta de transparencia, los indicios de corrupción en sus administraciones y sus golpes a la institucionalidad son detonantes del éxodo masivo de sus ciudadanos, que buscan llegar sin documentos a territorio estadounidense.
Su diagnóstico coincide con el de la administración de Joe Biden, que identifica la falta de oportunidades económicas, la inseguridad, la corrupción y la débil institucionalidad como los factores que empujan a miles de personas a emigrar de manera irregular a Estados Unidos.
Recientemente la funcionaria envió una carta y pidió al gobierno de Biden restringir los fondos a gobiernos centroamericanos, pues considera que son corruptos y tienen una mala gobernanza.
Esta semana, luego de conocerse que el mandatario salvadoreño firmara un contrato por 1.2 millones de dólares con la agencia Arnold & Porter para que ésta se encargue de incidir en una negociación de préstamo ante el Fondo Monetario Internacional, Bukele fue cuestionado por Norma Torres.
“En lugar de gastar millones de dólares en un cabildero para el control de daños, Nayib Bukele debería usar esos dólares para compensar el costo de la vivienda y alimentar a miles de niños inocentes que huyen de la corrupción y la violencia de las pandillas en El Salvador”, escribió en Twitter.
Según una publicación del sitio ForeignLobby.com, Bukele contrató a un lobista para minimizar el impacto de las críticas internacionales suscitadas por su estilo de gobierno. Y por las decisiones tomadas en las últimas semanas que ponen en aprietos su relación con la Casa Blanca. Esta investigación señaló que el gobierno de El Salvador firmó un contrato de $1.2 millones para servicios de asesoría con un ex diplomático de alto nivel.
