- Es la única entidad federativa del país donde no se ha confirmado si quiera una persona contagiada de covid-19: Asilegal
- Es difícil pensar que nadie dentro de los Ceresos haya enfermado de covid-19 después de más de un año de pandemia
- Las personas de entre 50 y 59 años de edad que estén en los Ceresos tienen que ser vacunados
De acuerdo a la asociación Asilegal, Aguascalientes es la única entidad federativa en todo el país que, luego de más de un año de pandemia, no ha confirmado oficialmente ningún caso de covid-19 dentro de sus Centros de Reinserción Social (Ceresos).
Cabe mencionar que no porque no se haya confirmado un caso de covid-19 dentro de estos centros significa que nadie, durante esta contingencia sanitaria, haya contraído el SARs-CoV-2, pues pudieron haberse dado casos asintomáticos que ni siquiera fueron sometidos a pruebas PCR, que son las únicas usadas por el Instituto de Servicios de Salud de Aguascalientes (Issea) para confirmar si una persona enfermó o no.
El infectólogo Francisco Márquez Díaz, expresidente del Colegio de Medicina Interna de Aguascalientes, dijo que en efecto es “totalmente” inverosímil que después de tanto tiempo de pandemia nadie dentro de los Ceresos haya enfermado de covid-19, siendo que las visitas de familiares se abrieron desde el año pasado o que se convive con trabajadores que, después de su jornada, están expuestos al virus. Aún con eso, el discurso de las autoridades estatales ha sido presumir que en estos centros no se ha dado algún contagio pues, en efecto, no existe información oficial al respecto.
En abril pasado 55 personas privadas de su libertad, de 60 o más años de edad, fueron vacunadas contra covid-19, pues este grupo etario ya estaba siendo inmunizado fuera de los Ceresos. Para que se pudiera lograr dicha vacunación el Gobierno del Estado tuvo que detectar cuántas personas de ese grupo etario había en los Ceresos y, con esa información, el Gobierno Federal pudiera contemplar una jornada de vacunación para ellos.
Ahora, con la vacunación para las personas de entre 50 y 59 años de edad, los gobiernos tendrán que volver a coordinarse para gestionar una nueva jornada que contemple a todas las personas privadas de su libertad que estén dentro de ese rango de edad.
