En medio de protestas ciudadanas, el Congreso local, con mayoría de diputados panistas, aprobó privatizar el servicio de agua potable a través de operadores que se encargarán de otorgar y cobrar a los ciudadanos la distribución, drenaje y obra hidráulica en los 18 municipios de la entidad.
Especialistas y ambientalistas criticaron la nueva ley con el argumento de que administrar dicho recurso es una obligación que corresponde al Estado; advirtieron que no se trata de una ley de aguas que garantice el acceso como derecho humano ni su manejo integral, sino económico para beneficiar a la iniciativa privada.
La Ley que Regula la Prestación de los Aervicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Querétaro, de 215 artículos, fue avalada con 16 votos: 13 del Partido Acción Nacional (PAN); tres del local Querétaro Independiente (PQI); seis en contra, cinco de Morena y uno del Partido Revolucionario Institucional (PRI), así como dos abstenciones del tricolor y una ausencia del Verde Ecologista de México.
En el capítulo 2 se estipula que el sector privado o particulares podrán participar en la prestación de los servicios públicos de forma total o parcial a través de una concesión, contrato de obra pública, contrato para la prestación de servicios para proyecto, construcción o rehabilitación del sistema del agua, contrato de asociación público-privada o “cualquier otro que se derive de la normativa aplicable”.
Serán los municipios o la Comisión Estatal de Aguas los que otorguen las concesiones a través de una licitación pública, invitación o adjudicación directa, y entre los derechos que tendrán los concesionarios está la de realizar el cobro a los usuarios del “suministro de los servicios públicos principales y accesorios” desde agua potable hasta reutilización del líquido.
También tendrán la facultad de autorizar proyectos hidráulicos, expedir certificados de conexión y otorgar factibilidades y precios por uso de infraestructura a los desarrolladores para el establecimiento de centros de población.
En marzo pasado, dos diputados priístas y la bancada del blanquiazul, junto con los tres legisladores del PQI, presentaron las iniciativas de Ley de Aguas, para derogar diversas disposiciones del Código Urbano del estado, en las que coincidían en ceder al sector privado la prestación del servicio, al concesionar durante 20 años y renovar por un periodo igual esa obligación gubernamental.
Activistas, ambientalistas y académicos advirtieron que dicha normatividad carecía de una armonización legislativa con pactos internacionales y estándares nacionales, así como de un diagnóstico sustentado en el equilibrio de los acuíferos y la restauración de cuencas hidrológicas.
Los inconformes exigieron a los diputados un parlamento abierto que permitiera la participación ciudadana en esa decisión.
Ante el rechazo a la iniciativa, que incluyó la campaña #Aguasconlaleydeaguas en redes sociales, y diversos pronunciamientos en medios de comunicación, los integrantes de la comisión legislativa de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Comunicaciones realizaron un foro el 13 de mayo.
Después del encuentro acordaron cambiar el nombre a la iniciativa por el de “Ley que regula la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del estado de Querétaro”.
Decenas de ciudadanos se manifestaron fuera del Congreso, al tiempo que diputados de Morena reprocharon que sus homólogos aprobaran al vapor la creación de la nueva ley. Criticaron que no escucharan las peticiones de especialistas para profundizar en el tema y que pretendan beneficiar al sector empresarial en detrimento de los ciudadanos, pues en la práctica ha quedado demostrado que los servicios del agua no son de calidad.
Armando Sinecio Leyva, del partido guinda, aseguró que con la nueva ley “se estaría empeñando este sector estratégico a terceros y que, como en repetidas ocasiones se ha visto y demostrado donde ya se han realizado estas concesiones, sólo atienden al beneficio propio antes que al de toda la población”.
En ese tenor, Paul Ospital Carrera, del PRI, lamentó la falta de transparencia de sus compañeros legisladores, pues el documento fue turnado al filo de la medianoche, lo que hacía imposible analizar el contenido, práctica recurrente en el Congreso estatal. “Ese es el tamaño del madruguete que hemos vivido en estos ocho meses de la 60 Legislatura”, lamentó.
Para el presidente de dicha comisión, el panista Germaín Garfias Alcántara, con la nueva ley se pretende contar con un marco normativo para que los operadores tengan viabilidad y los fortalezcan, además de integrar mecanismos conciliatorios para resolver posibles controversias entre usuarios y empresarios que administren los organismos operadores privados.
A su vez, el ex priísta Manuel Pozo Cabrera, ahora del PQI (quien llegó al puesto en alianza con el blanquiazul), planteó que con la reforma se busca poner orden en la situación actual de la prestación del servicio de agua potable con la existencia de algunos operadores, pues, dijo, los ciudadanos han estado indefensos por abusos de ese tipo de organismos.
En Querétaro han proliferado 22 organismos operadores para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, una figura que a través de distintas argucias legales han permitido gobiernos municipales de Querétaro, Corregidora y El Marqués para que empresarios vinculados a políticos y funcionarios se encarguen de prestar ese servicio, de acuerdo con una investigación colaborativa del Laboratorio de Investigación Periodística, Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación y Bajo Tierra Museo del Agua.
