Se estima que en Jalisco desaparecen cuatro personas cada día y que sólo una de ellas regresa a casa; pero se piensa que esta cifra puede ser mayor, de entre 9 y 10 personas desaparecen, si se considera el promedio de casos en los últimos años.
Esto lo dieron a conocer integrantes del Comité Universitario de Análisis en materia de Desaparición Forzada, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), además de hacer un reclamo por la insensibilidad con la que el gobierno de Enrique Alfaro Ramírez ha abordado dicho problema, a propósito del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, que se conmemora cada 30 de agosto.
“En nuestro Estado se ha optado por el silencio y el abandono como política pública. En Jalisco, la conmemoración de este año ocurre entre el dolor de una catástrofe humanitaria que sigue aumentando. Al día de ayer se tenía un registro de 15 mil 034 casos de personas desaparecidas y no localizadas; el 14 por ciento a escala nacional”, externó Denisse Ayala Hernández, integrante del comité.
Añadió que la cifra podría ser mayor debido a la falta de denuncias, o por “la decisión del Gobierno de Jalisco de reservar la información, hecho que ha sido documentado desde marzo de este año”.
Dijo que “desaparecer en Jalisco es casi un sinónimo de muerte”, debido a que familias buscadoras de sus seres queridos han dado con fincas en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) donde entierran a quienes han desaparecido, mostrando así el destino de muchos de los desaparecidos.
“En promedio, se localiza cada semana una fosa clandestina y el número de cuerpos y restos exhumados asciende a mil 487 víctimas. Tan sólo en el periodo actual de gobierno se han acumulado 3 mil 456 registros de personas fallecidas sin identificar en custodia de los servicios médicos forenses; esto significa que, diariamente, en promedio, 2.5 víctimas nuevas se agregan a este listado”, recalcó.
Con ello se mantienen colapsados los procesos forenses, y a este problema se suma la falta de judicialización de este delito, pues, detalló, de 2013 (que se tipificó como delito la desaparición forzada) a mayo de 2021 apenas se emitieron 12 sentencias por este delito, de las cuales sólo cinco resultaron condenatorias.
David Coronado Arias, también integrante del comité, recordó que las desapariciones toman desprevenidos a todo sector de la población. “Es una realidad en la que están inmersas las familias; en ese sentido conminamos al Gobierno de Jalisco, a las organizaciones sociales, académicos, para que estemos al tanto de lo que ocurra este día”.
Teresa Magnolia Preciado Rodríguez recordó que una de las denuncias del comité es que en Jalisco se carece de un diagnóstico sobre los perfiles de las personas que faltan en sus hogares; sin embargo, se sabe, por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), que alrededor de 80 por ciento de las víctimas de dicho delito son hombres.
La Ciénega, Los Altos y el Centro (donde se ubica el AMG), son las regiones de Jalisco que más reportan casos de desapariciones, según la CEDHJ.
De igual forma, se sabe por el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas que en el país el mayor número de mujeres que desaparecen tienen entre 15 y 19 años, situación que se repite en Jalisco, por lo que desde el comité se teoriza que una causa podría ser la trata.
Hicieron hincapié en que la desaparición forzada es un fenómeno que se atribuye a múltiples causas, vinculadas con distintos tipos de delitos, como reclutamiento de trabajo forzado por parte del crimen organizado, feminicidios, delitos entre particulares, y más.
Un gobernador sin compromiso ético
La coordinadora del comité, Dolores del Carmen Chinas Salazar, recalcó que para enfrentar el problema debe existir un compromiso “del más alto nivel, y en Jalisco no existe eso”.
“Tenemos a un gobernador que prefiere ocultar el problema, desentenderse de él o adoptar una narrativa de avance que no corresponde con los hechos. Esta omisión es grave porque él preside el Sistema estatal de búsqueda”, declaró.
Al problema se suma la hostilidad que Alfaro Ramírez muestra hacia colectivos de familiares y voces críticas. “La tendencia es a borrar, ignorar o a hostigar los reclamos que demandan soluciones que no se están generando”, subrayó Chinas Salazar.
Recordó que en Jalisco no hay una política coordinada y eficaz para atender las desapariciones, pese a que existe una normatividad y protocolos ya descritos desde la escala local hasta la internacional; éstas son ignoradas por el gobierno de Alfaro Ramírez, pero también mal ejecutadas.
“Buena parte de la legislación estatal en materia de desaparición de personas es letra muerta. En Jalisco, la materia pública se ha dedicado a administrar el problema y no a resolverlo”, destacó.
Rogelio Barba Álvarez refirió que este problema, que se ha exacerbado, también ha tenido una desatención desmedida por parte de la autoridad. “Se debe fortalecer la legislación y las instituciones con una formación ex professo para no tener una victimización secundaria”.
