Por ello, este martes tuvo lugar una serie de mesas durante la segunda jornada de los Foros sobre Asuntos Críticos de la Seguridad en México y Jalisco, realizados por el Comité de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) de la UdeG, en el campus Los Belenes.
Ahí, estudiantes de las carreras de Abogado y de Criminología se dieron cita para conocer temas sobre política sectorial y estrategias de seguridad en Jalisco, y los resultados de la misma, por parte de académicas y académicos especialistas.
Pedro Javier Carrasco Rueda Quijano, profesor del CUCSH, explicó que la política de seguridad por parte de los tres órdenes de gobierno es salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas; es decir, proteger los derechos humanos. Pero esto no se puede lograr sin las garantías, que son los mecanismos para proteger los derechos humanos.
“Las políticas no son para trabajar con derechos humanos, sino con las garantías. Algunas de ellas son la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, o la Ley de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia del Estado de Jalisco”, dijo.
Una de las medidas que se contraponen con recomendaciones internacionales es la implementación de la Guardia Nacional, pues los militares no pueden atender temas de seguridad pública ante la sociedad civil “porque sus competencias están en combatir, eliminar o neutralizar al enemigo y en la seguridad pública se debe atender, investigar y perseguir los delitos”, describió.
Luz Celina Camarea Romero, profesora del Centro Universitario de Tlajomulco (CUTlajomulco), informó sobre datos que dan cuenta del fracaso de la seguridad pública en Jalisco, enfocados en delitos del fuero común. “Revisamos los homicidios dolosos de 2015 a la fecha; de 2020 a 2021 incrementaron 4 por ciento; pero de 2015 a la fecha creció 47 por ciento”.
“En robos, de 2020 a 2021, la autoridad dice que ha disminuido 1 por ciento, pero desde que inició el actual gobierno creció 38 por ciento. Y en feminicidios, Jalisco ocupa el segundo lugar nacional y estamos dentro de las diez entidades con mayor número de personas desaparecidas, con 18.32 por ciento; esto otorga el primer lugar nacional por personas desaparecidas o no localizadas”, detalló la académica.
Recordó que en policías preventivos el Estado cuenta con la tasa más baja, de 0.3 por cada 100 mil habitantes, cuando la ONU establece que debe haber una tasa de 1.8 policías.
Por esto y más, calificó al gobierno de Enrique Alfaro Ramírez como reprobatoria con tendencia exponencial en delitos.
“Vemos falta de voluntad política, con deficiente coordinación entre las dependencias de seguridad pública, con deficientes presupuestos, no para capacitar policía ni para perseguir delitos. Vemos a un gobierno poco comprometido y serio”, recalcó.
Rogelio Barba Álvarez puso como ejemplo a Honduras y República Dominicana que redujeron 40 por ciento los delitos dolosos en cuatro años a partir de una reforma de su código penal y la capacitación de los elementos policiacos; también se incrementó el salario de los policías en 40 por ciento, a la par de su capacidad técnica. Y aseguró que en Jalisco se pueden imitar dichos procesos para bajar delitos.
Durante la segunda mesa del foro dedicada a los resultados de la política sectorial y estrategias de seguridad en Jalisco, Dolores del Carmen Chinas Salazar, abundó sobre la política en materia de desapariciones forzadas.
“En febrero de 2021 se aprobó la Ley de Personas Desaparecidas y la Ley Especial de Declaración de Ausencia; ambas, resultados directos de la incidencia de las familias organizadas, quienes han demandado a las autoridades que se les atienda y de las universidades como la UdeG”, externó.
Pero el mayor problema ahora es que no se ha implementado correctamente, aunado a la falta de transparencia y a prácticas omisas del gobierno de Alfaro Ramírez.
“Son 100 mil personas desaparecidas en Jalisco hasta mayo de 2022. Es el Estado donde hay más desapariciones en nuestro país”.
“Tenemos dos registros: el estatal y el federal; el nacional es diferente al de Jalisco (llamado Sisovid), donde se reportan menos, que además no cumple con lo que se establece en la ley, pues no incluye georreferenciación de los casos, por ejemplo”, acotó Chinas Salazar.
“En el Sisovid siempre se van a encontrar menos datos que en el registro federal, esto es por falta de transparencia”. Incluso, dijo, en ocasiones hay reducción de cifras tanto en el registro estatal como en el federal.
“En el federal dejaron de alimentar la base de datos desde la mitad de 2022 a la fecha, no es que no haya desaparecidos, sino que no las están alimentando”, externó.
Recordó que de 2018 a la fecha, que es lo que va de la actual gestión estatal, se han reportado 6 mil 419 personas desaparecidas. “La mitad del total de desapariciones han sucedido durante esta administración. Además, hay 3 mil 727 personas fallecidas sin identificar en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses”.
Alfonso Partida Caballero, investigador de la UdeG, expresó que los poderes se han desdibujado con diseños de políticas inadecuadas e insuficientes, plagadas de simulaciones.
“Jalisco es protagonista de una crisis política, social y ciudadana; nunca como ahora la clase política había sido sacudida de forma semejante, junto con amplios sectores económicos y financieros con este flagelo que es la criminalidad”.
“Hay un silencio cómplice del gobierno estatal y federal; esto ha desencadenado la mayor ola de violencia, desorden e impunidad, empezando por el Gobernador Enrique Alfaro, quien ha reconocido, incluso, que hay infiltrados del crimen organizado en las filas de la Fiscalía General”.
“Durante el gobierno de Emilio González Márquez fueron 275 mil 847 los delitos en Jalisco; con Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, 411 mil 071; ahora, con Enrique Alfaro Ramírez, suman 648 mil 824, y aún le faltan dos años de gestión”, detalló.
Estos datos, dijo, son registrados por el Observatorio sobre Seguridad y Justicia.
Dijo que en promedio se denuncian 130 mil delitos al año, aunque estima que ocurren alrededor de 2.5 millones, pero que no se denuncian. “En Jalisco sólo se denuncia 7 por ciento de los delitos cometidos”, informó.
José de Jesús Becerra Ramírez, profesor investigador de la UdeG, recordó que los crímenes detrás de fosas clandestinas, feminicidios, desapariciones y robos provocan un profundo daño.
“Necesitamos construir una sociedad humanista a través del Estado de derecho. Sería un contrasentido que la universidad no realizara este tipo de reflexiones”, concluyó.
