Funcionarios de la ley estadounidenses indagaron durante años afirmaciones de que aliados del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se habían reunido con cárteles del narcotráfico y recibido millones de dólares luego de que asumió el cargo, según consta en registros de EE. UU. y de acuerdo con tres personas con conocimiento del tema.
La indagatoria, de la que hasta ahora no se había informado, descubrió información que señalaba posibles vínculos entre operadores poderosos de los cárteles y funcionarios y asesores mexicanos cercanos a López Obrador cuando ya gobernaba el país.
Pero Estados Unidos nunca abrió una investigación formal a López Obrador y los funcionarios que estaban haciendo la indagatoria al final la archivaron. Concluyeron que había poca disposición en el gobierno estadounidense para rastrear acusaciones que pudieran implicar al líder de uno de los principales aliados del país, dijeron las tres personas con conocimiento del caso, quienes no tenían autorización de ofrecer declaraciones públicamente.
López Obrador dijo que lo anterior era “completamente falso”, al responder a las preguntas de The New York Times el jueves. Afirmó que la noticia de la indagatoria no afectaría “de ninguna manera” la relación de México con Estados Unidos, pero que esperaba una respuesta del gobierno estadounidense.
“¿Disminuye eso la confianza que el gobierno mexicano tiene en Estados Unidos?”, dijo López Obrador en su conferencia de prensa habitual. “Eso el corrido lo dirá”.
El Estado mexicano ha sido infiltrado por los cárteles de la droga desde hace mucho tiempo, desde los niveles más bajos hasta las altas esferas del gobierno. Sobornan a la policía, manipulan alcaldes, reclutan a altos funcionarios y dominan amplias zonas del país.
No obstante, aunque los esfuerzos recientes de los funcionarios estadounidenses identificaron posibles vínculos entre los cárteles y los asociados de López Obrador, no hallaron conexiones directas entre el presidente en sí y organizaciones delictivas.
Las autoridades estadounidenses declinaron hacer comentarios.
Buena parte de la información recolectada por los funcionarios estadounidenses provenía de informantes cuyos testimonios pueden ser difíciles de corroborar y en ocasiones resultan ser incorrectos. Los investigadores de EE. UU. obtuvieron la información mientras seguían las actividades de los cárteles del narcotráfico, y no está claro qué tanto de lo que los informantes les dijeron fue corroborado de manera independiente.
Por ejemplo, los registros muestran que un informante le relató a los investigadores estadounidenses que uno de los confidentes más cercanos a López Obrador se había reunido con Ismael Zambada García, uno de los altos líderes del Cártel de Sinaloa, previo a su victoria en las elecciones de 2018.
Otra fuente les dijo que, luego de que el presidente fue elegido, uno de los fundadores del conocido y violento grupo de los Zetas pagó 4 millones de dólares a dos de los aliados de López Obrador con la esperanza de que lo liberaran de prisión.
Los investigadores consiguieron información de una tercera fuente que sugería que los cárteles del narcotráfico tenían videos de los hijos del presidente recibiendo lo que se describió como dinero del narco, según consta en los documentos.
López Obrador negó todas las acusaciones hechas por los informantes.
Los agentes de la ley estadounidenses también lograron rastrear por su cuenta pagos de dinero de personas que se creía eran operadores del cártel a intermediarios de López Obrador, dijeron dos personas con conocimiento de la investigación.
Al menos uno de esos pagos, dijeron, se efectuó más o menos al mismo tiempo que López Obrador se trasladó al estado de Sinaloa en marzo de 2020 y se reunió con la madre del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, conocido como el Chapo, quien ahora cumple con una sentencia de cadena perpetua en una prisión federal estadounidense.
Hace más de una década, una investigación distinta dirigida por la Administración de Control de Drogas (DEA por su sigla en inglés) descubrió denuncias de que el narco había donado millones de dólares a la primera e infructuosa campaña presidencial de López Obrador en 2006. Esta investigación previa, que fue dada a conocer el mes pasado por tres medios de comunicación, se cerró y no derivó en presentar cargos.
Para Estados Unidos, perseguir cargos penales contra altos funcionarios extranjeros, es algo inusual y complejo. Sería especialmente complicado armar un caso legal contra López Obrador. La última vez que Estados Unidos presentó cargos penales contra un alto funcionario mexicano terminó por retirarlos luego de que la detención causara una desavenencia diplomática con México.
El gobierno de Joe Biden tiene un enorme interés en el manejo de su relación con López Obrador, quien es considerado una figura indispensable para contener el aumento del flujo migratorio que se ha convertido en uno de los temas más contenciosos de la política estadounidense. Es una de las principales preocupaciones de los votantes de cara a las elecciones presidenciales estadounidenses de este otoño.
México también es un importante socio comercial de Estados Unidos y el colaborador más importante en los esfuerzos del país para ralentizar el cruce de drogas ilícitas como el fentanilo por la frontera sur.
Las agencias de aplicación de la ley de EE. UU. tienen competencia para investigar y presentar cargos contra funcionarios de otros países si es que logran mostrar una conexión con los estupefacientes que cruzan la frontera hacia Estados Unidos.
Si bien es poco común que los agentes estadounidenses vayan tras altos funcionarios extranjeros, no es inédito que lo hagan: esta semana comenzó en el Tribunal Federal del Distrito de Manhattan el juicio por narcotráfico contra Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras.
Fiscales federales en Nueva York también lograron que Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, fuera declarado culpable el año pasado por un caso de corrupción. Los fiscales convencieron al jurado de que García Luna había aceptado millones de dólares en sobornos de los violentos cárteles de la droga a los que debía perseguir.
Aunque los esfuerzos para indagar a López Obrador ya no están activos, la revelación de que agentes estadounidenses examinaran en secreto denuncias de corrupción contra él y sus ayudantes en sí misma podría ser dañina.
El mes pasado, reportes periodísticos, entre ellos uno de ProPublica, sobre una indagatoria estadounidense de 2006 al financiamiento de campaña —en unas elecciones que no ganó— suscitaron revuelo en México.
López Orador condenó públicamente los reportajes e insinuó que intentaban influenciar las elecciones presidenciales del país de junio, en las que su protegida, la exjefa de gobierno de Ciudad de México Claudia Sheinbaum, lidera las encuestas para sucederlo. Insinuó que dichos artículos podrían complicar las conversaciones en materia de migración y fentanilo con el gobierno de EE. UU. y dijo que estaba considerando no recibir al asesor de seguridad nacional de Biden para un encuentro planeado en la capital mexicana.
“¿Cómo vamos a estar sentados en la mesa hablando del combate a la droga si ellos, o una institución de ellos, está filtrando información y dañándome?”, dijo López Obrador en su conferencia de prensa matutina días después de la publicación de los reportajes.
Luego de que Biden llamó a López Obrador y calmara la tensión, la secretaria de Relaciones Exteriores de México dijo que el asesor de seguridad nacional de EE. UU. le había asegurado a México que “este es un tema cerrado para ellos”.
El gobierno de Biden ha manejado con mucho cuidado a López Obrador y ha evitado criticarlo en público, prefiriendo, en cambio, enviar en repetidas ocasiones a altos funcionarios a Ciudad de México para que se reúnan con él e insistan en privado que continúe con el control migratorio.
La decisión de dar carpetazo a la indagatoria reciente, según las personas familiarizadas con ella, fue en gran medida causada por el desmoronamiento de otro caso distinto y muy contencioso. En los últimos meses del gobierno de Donald Trump en 2020, autoridades de EE. UU. presentaron cargos contra el general Salvador Cienfuegos Zepeda, quien fungió de 2012 a 2018 como secretario de la Defensa Nacional de México.
En una acusación federal, hecha pública en Nueva York luego de una investigación de varios años denominada “Operación Padrino”, los fiscales señalaron a Cienfuegos de emplear la influencia de su oficina para brindar ayuda a un violento grupo delictivo llamado el cártel H-2 en la realización de operaciones de narcotráfico.
Su detención en el aeropuerto de Los Ángeles causó indignación al interior del gobierno mexicano, en especial entre los líderes de las fuerzas armadas, que durante el mandato de López Obrador han asumido mayores responsabilidades y más poder.
El presidente de México dijo que la acusación se “fabricó” en EE. UU., y su gobierno dio a conocer más de 700 páginas de comunicaciones interceptadas por agentes estadounidenses que presuntamente indicaban actividades delictivas pero que fueron descalificadas como no concluyentes.
La DEA, que ya tenía un historial accidentado como protagonista de una guerra contra las drogas considerada inútil y sangrienta, sufrió un tremendo golpe en su relación con el gobierno mexicano.
Apenas unas semanas después de la detención, el Departamento de Justicia de EE. UU., muy presionado por López Obrador, dio marcha atrás y desestimó la acusación para enviar a Cienfuegos de regreso a México.
El episodio no solo afectó acuerdos de seguridad de larga data entre ambos países, sino que también dejó una profunda impresión en los funcionarios de la ley al norte de la frontera, muchos de los cuales vieron el caso fallido como un relato aleccionador sobre esfuerzos similares contra otros funcionarios mexicanos de alto rango.
