La presidenta municipal de Del Nayar, Imelda Escobedo, ya fue liberada por los comuneros de San Andrés Cohamiata, Mezquitic Jalisco, quienes la retuvieron junto con funcionarios del ayuntamiento y elementos del Ejército Mexicano, desde el lunes pasado, debido a una presunta violación a los acuerdos establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relacionados con límites territoriales.
A través de redes sociales la alcaldesa señaló: «¡Ya nos encontramos en tierras nayaritas! rumbo a la cabecera municipal. El lunes pasado acudimos a la comunidad de Tutuyecuamama, junto con funcionarios del ayuntamiento y personal del Ejército Mexicano, con el único propósito de entregar apoyos alimentarios, medicinas y avanzar en gestiones de obras prioritarias, como el acceso al agua potable, en las zonas más olvidadas y necesitadas de nuestro municipio.
Jamás fue mi intención generar un conflicto; por el contrario, siempre he buscado dar la cara y trabajar de la mano y cerca de nuestra gente. Lamentablemente, a nuestro regreso fuimos retenidos por un conflicto añejo de límites territoriales entre Nayarit y Jalisco».
Agradeció al gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, al gobierno federal, al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y a todas las personas que se involucraron durante los días que permaneció retenida, «quiero reiterar que seguiremos trabajando con más fuerza que nunca por el bienestar de nuestras comunidades, especialmente las más olvidadas y vulnerables, con el firme compromiso de transformar la vida de las familias de nuestro municipio, porque creemos en un Del Nayar más justo, más humano y donde nadie sea olvidado».
En el 2018, la localidad de Tutuyecuamama fue incorporada como territorio de Nayarit, junto con 11 comunidades más, sus habitantes, durante 10 años habían solicitado ser parte de esa entidad y no de Jalisco. En ese año, por unanimidad, diputados locales de la Trigésima Segunda Legislatura aprobaron la solicitud; sin embargo, los comuneros de San Andrés Cohamiata Mezquitic, Jalisco, se inconformaron y recurrieron a acciones legales para defender esas 25 mil hectáreas, las cuales aún no cuentan con una sentencia absoluta.
