El día de ayer, durante una conferencia de prensa, el gobernador Alfaro anunció que interpuso demandas en contra del periodista e investigador Ricardo Ravelo Galó del portal SinEmbargo por supuesto daño moral.
“Fue presentada la demanda por daño moral, estamos solicitando medidas cautelares, no voy a permitir que nadie ponga en entredicho mi fama pública y genere ese tipo de comentarios, simplemente no lo voy a permitir porque lo han intentado muchas veces, me parece una falta de respeto, incluso una falta de ética el hacer este tipo de comentarios, simplemente les diría, están presentadas las demandas por daño mora y estamos solicitando incluso medidas cautelares.”
La reacción del gobernador se da luego de que el periodista publicó el pasado 17 y 24 de diciembre dos artículos que son parte de una investigación periodística sobre la delincuencia organizada en la entidad, en los que expone información que supone existe protección del gobierno de Alfaro a un grupo de la delincuencia organizada e incluso señala posibles vínculos entre el círculo cercano del Gobernador con actividades de liderazgo dentro de una organización criminal.
Esta no es la primera vez que el gobernador Alfaro intenta coartar la libertad de expresión usando a las instituciones del Estado. El primero de julio del 2018, derivado de la queja interpuesta por Alfaro, siendo apenas candidato ganador a la gubernatura, por conducto de la Comisión de denuncias y quejas del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, ordenó a Aristegui Noticias suspender la difusión de la nota Enrique Alfaro: bajo investigación de EU por presuntos vínculos con el narcotráfico, cuya autoría se atribuye a la periodista Anabel Hernández. Meses después (en diciembre del mismo año) , tras una obsequiosa actitud del instituto y tribunal electorales locales que prolongaron de manera excesiva los plazos legales, la queja fue desechada por resultar improcedente la vía. Sin embargo, el daño ya estaba hecho y la información había dejado de circular desde julio de 2018.
En entrevista con ARTICLE 19 el periodista Ricardo Ravelo dijo: “Es sumamente difícil hacer periodismo de investigación en un país donde hay vínculos entre gobierno y crimen organizado. Ante esta intimidación de la que soy objeto, solicito a las autoridades su respaldo porque temo por mi integridad física».
De igual forma, durante la conferencia de prensa de referencia, el gobernador se mostró reacio a contestar las preguntas de un periodista sobre el tema, y se enfocó en solo decir que inició acciones legales, utilizando la estrategia de convertir al mensajero en el mensaje, cuestión que vulnera el debate público.
ARTICLE 19 considera sumamente preocupante que el gobernador pretenda censurar información e inhibir el debate y flujo de información sobre temas de interés público,pues como funcionario debe garantizar el derecho fundamental a informar y estar informados.
Aún peor resulta la utilización de instituciones judiciales y/o administrativas para provocar esa censura, abusando incluso de figuras como las «medidas cautelares» para intentar bajar notas periodísticas de inmediato y sin resolverse los procesos legales de fondo.
En este sentido, a los actores políticos con responsabilidades institucionales de diversos grados, es importante recordarles que el derecho a la libertad de expresión no solamente protege las informaciones, ideas y discursos bien recibidos desde el poder público, sino aquellos que pueden resultar chocantes, mordaces y hasta ofensivos. Ahí radica precisamente el valor democrático de este derecho.
Bajo la misma tesitura y de conformidad a la Declaración Conjunta 2021 Sobre Líderes Políticos, Personas que Ejercen la Función Pública, y la Libertad de Expresión se establece que para la garantizar el mayor nivel posible de protección de la expresión política y de otros asuntos de interés público, los políticos y personas que ejercen la función pública deben tener un mayor nivel de tolerancia a la crítica que los ciudadanos comunes.
La misma Declaración insta a los Estados a «derogar cualquier ley de difamación o desacato que ofrezca una protección especial o prevea mayores sanciones para las declaraciones dirigidas a jefes de Estado o de gobierno, liderazgos político o funcionario público» pues reconoce el efecto inhibitorio que estas figuras tienen sobre la libertad de expresión y sobre la prensa.
Desafortunadamente la actitud beligerante y amedrentadora del gobernador hacia la prensa es recurrente. ARTICLE 19 documentó el pasado 10 de diciembre mensajes estigmatizantes contra la prensa, por la agresión en contra de la periodista Rocío López Fonseca del canal 44. Al realizarle preguntas del sector salud el funcionario le contestó que ya había hablado mucho del tema y que no le contestaría más a “gente que iba a reventar el evento”.
En tal virtud, solicitamos al Gobernador de Jalisco Enrique Alfaro Ramírez a desistir de su demanda en contra del periodista Ricardo Ravelo Galó así como abstenerse de cualquier otra acción que vulnere la integridad y la labor periodística de Ricardo, por el contrario le instamos a garantizar su libertad de expresión y proteger el derecho de las y los ciudadanos a ser informados sobre temas de interés público.
Instamos también al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de derechos humanos y periodistas a contactar a Ricardo Ravelo a fin de analizar el riesgo en el que se encuentra y otorgar medidas de protección tanto a él como a su familia.
Por último, hacemos un llamado a las autoridades investigadoras, administrativas y judiciales para que se abstengan de ejercer censura en contra del periodista mediante medidas desproporcionadas e ilegales. Siendo que como autoridades deben de garantizar el derecho fundamental de libertad de expresión.
