Como parte del estudio “Galería del horror: atrocidades y eventos de alto impacto registradas en medios”, Causa en Común reveló que, durante 2021, se cometieron en el país, al menos, 5,333 crímenes de extrema violencia que pueden ser clasificados como “atrocidades”.
Para efectos del estudio, se define “atrocidad” como el uso intencional de la fuerza física para causar muerte, laceración o maltrato extremo; para causar la muerte de un alto número de personas; para causar la muerte de personas vulnerables o de interés político, y/o para provocar terror.
De enero a diciembre se presentaron al menos 1,151 casos de tortura; al menos 837 casos de mutilación, descuartizamiento y destrucción de cadáveres; al menos 556 fosas clandestinas; al menos 529 masacres; al menos 490 asesinatos de mujeres con crueldad extrema; y al menos 373 asesinatos de niñas, niños y adolescentes.
Los estados con mayor número de atrocidades son Guanajuato, con al menos 586; Jalisco, con al menos 374; Michoacán, con al menos 307; Chihuahua, con al menos 295; y Veracruz, con al menos 279.
Durante el foro, la activista Eliana García señaló que en México “estamos viviendo un proceso de involución a la barbarie”. Subrayó que no importa quien gobierne, “la violencia es incontenible y no se combate con militares en las calles o con militares disfrazados de policías”.
El especialista en seguridad David Saucedo señaló que “la ruta de la violencia está afectando a todos los estados de México, pues lo que se ha visto es un sucesivo contagio de la violencia de estado tras estado”. En este sentido, afirmó que “una de las estrategias de seguridad tendría que ser impedir que este contagio se incremente”.
El investigador Bernardo León afirmó que “la ausencia de gobierno es la principal causa de la descomposición social”. Apuntó que “tenemos medio millón de policías, 15 mil ministerios públicos, 30 mil policías ministeriales […] Debemos anular las restricciones a las facultades de investigación de las policías para lograr una oportuna intervención en los inicios de las carreras criminales, frenar las más avanzadas y dar certeza a las autoridades para que puedan hacer su trabajo sin temor de consecuencias o represalias administrativas y legales”.
María Elena Morera alertó que, ante este panorama, es imperativo emprender el rescate de nuestras policías y revertir el proceso de militarización, el cual pone en riesgo nuestra democracia, y además no sirve para atender problemas de seguridad pública.
