Al confirmar la participación y uso excesivo de la fuerza registrado por elementos de la Guardia Nacional que derivó en la muerte de Ángel Rangel, estudiante universitario en Guanajuato, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana federal en la que le solicita su colaboración en el proceso legal que se sigue para deslindar la responsabilidad correspondiente de los servidores públicos involucrados.
En su recomendación 80VG/2022, el organismo señala que el pasado 27 de abril se inició una investigación relacionada con la violación de derechos humanos de cuatro jóvenes que se encontraban conviviendo en las inmediaciones de la Universidad de Guanajuato pero al retirarse a sus vehículos, de forma intempestiva arribaron elementos de la Guardia Nacional “quienes descendieron y comenzaron a disparar en su contra. Una de las víctimas recibió un disparo en la cabeza y falleció al momento, otra fue herida en el hombro derecho”.
Al realizar las investigaciones, la CNDH “acreditó el uso excesivo de la fuerza “que derivó en violaciones al derecho a la vida de la víctima mortal y a la integridad personal de las otra tres víctimas, ya que se advirtió que los elementos de la GN no actuaron de acuerdo a los principios contenidos en la Ley Nacional sobre el uso de la Fuerza, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley de la Guardia Nacional”.
La CNDH señala que aun cuando los miembros de la Guardia Nacional argumentaron que los universitarios huyeron a alta velocidad cuando los vieron, por lo que tuvieron que perseguirlos y dispararles dado que no acataron la orden de detenerse.
“Esta CNDH concluyó que el uso de la fuerza fue ilegal dado que no se encontraban ante una amenaza real e inminente que ameritara el uso de sus armas letales para salvaguardar su vida e integridad, tampoco los jóvenes opusieron resistencia, mucho menos agresiones. Por el contrario, se acreditó que los elementos de la Guardia Nacional dispararon de inmediato”.
Por ello, en su recomendación, la CNDH demanda a la Guardia Nacional la reparación del daño integral a las víctimas y sus famuiliaes que incluya la inmediata compensación; que se les otorgue atención médica integral, psicológica, tanatológica y de rehabilitación. A la SSPC se le requiere no sólo contribuir en el proceso legal que se sigue, sino que se colabore con el Órgano Interno de Control a fin de que se realice una investigación exhaustiva de los hechos.
