Las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) tomaron el control de las oficinas de Seguridad Pública del gobierno priísta de Romita y de la vigilancia del municipio, a raíz de que el titular de la dependencia, Roberto López Valadez, fue arrestado acusado de la desaparición forzada y el homicidio de tres jóvenes que fueron encontrados en una fosa clandestina.
A las ocho de la mañana del miércoles, personal de las FSPE, de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tomaron las instalaciones de la Policía de Romita, ubicadas en Libramiento Norte entronque salida a San Gonzalo.
Como parte del “Operativo Trueno” fue revisada la licencia colectiva para la portación de armas de fuego, el armamento, municipios, equipo, celulares y pertenencias de los policías municipales. La Secretaría de Seguridad del Estado no ha informado detalles y los resultados del operativo.
La tarde del martes, el director de Seguridad Pública y Vialidad del gobierno priista de Romita, Roberto López Valadez, y dos oficiales fueron detenidos acusados de la desaparición forzada y el homicidio de tres jóvenes.
El 19 de febrero, Daniela Castro Palacios, Juan Pablo Vargas y Carlos Rocha Anguiano, fueron reportados como desaparecidos. La última vez que los vieron fue en las oficinas de la Policía de Romita.
Los cuerpos de los jóvenes fueron encontrados, el 24 de febrero, en una fosa clandestina en la comunidad del Escoplo.
El fiscal General, Carlos Zamarripa Aguirre, informó que derivado de la desaparición de los jóvenes investigan a toda la corporación y al propio alcalde, Oswaldo Ponce Granados. No descartó que el titular de Seguridad tenga vínculos con un grupo de la delincuencia organizada.
En octubre del año pasado, fue aplicado el operativo Trueno en la Secretaría de Seguridad del gobierno panista de Irapuato y fueron cesados 100 policías.
En abril del 2021 fue arrestado el director de Tránsito del gobierno perredista de Juventino Rosas, Juan Carlos Jiménez Badillo, derivado de la investigación que realizaba la Fiscalía por el asesinato del diputado local del PAN, Juan Antonio Acosta Cano.
Siete meses después, con el cambio de gobierno, fue desmantelada toda la corporación por un presunto vínculo con el Cártel Santa Rosa de Lima.
En febrero del 2022 se disolvió la policía del gobierno de Manuel Doblado por supuestos nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación.
