Las comisionadas y el comisionado Presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) advirtieron que la investigación de oficio que iniciaron por la divulgación de los datos personales de María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción, llegará hasta las últimas consecuencias.
En entrevista con medios de comunicación, explicaron que la divulgación por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador al exhibir el caso “Márquez Padilla”, «es grave», y puntualizaron que la indagatoria no tiene nada que ver con que se trate de un caso de corrupción.
«Ya hemos iniciado nosotros esta investigación. ¿Por qué? Porque había elementos, precisamente, o hay elementos, desde la publicación, obviamente en el sitio oficial del www.gob.mx. No es que el INAI se esté contradiciendo con sus resoluciones. Hay un artículo en la propia Ley Federal de Transparencia, en la Ley General, que establece que no se considera información reservada la que tenga relación con actos de corrupción. En principio, toda esa información es pública; sin embargo, también hay que proteger datos personales o información confidencial», detalló el Comisionado Presidente del INAI, Adrián Alcalá Méndez.
Explicó que lo que se hace en la investigación de oficio es una prueba de interés público, para determinar si es más valioso el interés público o la confidencialidad.
«Si bien es cierto la información relacionada con casos de corrupción, en principio, es pública, también hay deberes y principios que se deben de mantener como son la información confidencial. En ese sentido, no es que riña uno con otro, que nosotros con abrir esta investigación de oficio estemos riñendo o contradiciéndonos con nuestra resolución. La única forma en la que se puede ponderar un derecho, un dato personal que también es un derecho fundamental versus este tema de corrupción, es la potestad que ejercemos nosotros como organismos garantes cuando estamos analizando un caso en particular es que aplicamos una prueba de interés público», insistió Alcalá Méndez.
La comisionada Norma Julieta del Río lamentó que la filtración de información personal se esté convirtieron una una cotidianeidad en Palacio Nacional.
«Es una situación que ya está pasando cotidianamente. Ese es el apuro. Ya es muy fácil estar violentando datos. Hoy en la mañana el Presidente decía que, en alguna resolución, nosotros desclasificamos los datos, bueno, lo que pasa, y que no podíamos proteger corrupción. Lo que pasa es que una cosa es una denuncia, ya sea en el tema civil, penal, eso no es nuestro trabajo, claro, pero sí la exposición de datos personales porque se pueden testar estos datos.
Entonces, la violación existió y es muy grave. Y lo más grave es que ya se esté haciendo de manera común», declaró.
Por su parte, la comisionada Josefina Román Vergara, puntualizó que como parte del procedimiento de investigación, se prevé una segunda etapa, que es un procedimiento de verificación, una especie de auditoría, que se aplica a lo largo de 50 días.
«Y, la última etapa, tratándose de servidores públicos, lo que tenemos que hacer es armar el expediente perfectamente y remitirlo al Órgano de Control Interno para que inicie el procedimiento que establece la Ley General de Responsabilidad Administrativa. Somos muy serios en aplicar estrictamente lo que la ley establece y, en este caso como en cualquier otro, vamos a concluir los procedimientos que la propia ley señala», indicó.
Finalmente, la comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena, insistió en que el INAI está trabajando con base a las facultades constitucionales que tiene, «y ciertamente esto puede representar incomodidad para algunas autoridades que se resisten a atender lo que está establecido en la ley».
Las y él comisionado reconocieron que hasta el momento, no ha habido denuncias por el caso, y tampoco hay comunicación directa con los involucrados en el caso.
