Desde 2019, el gobernador Enrique Alfaro y parte de su gabinete han buscado la forma de no establecer una mesa de trabajo con los habitantes de los tres pueblos afectados por la construcción de la presa El Zapotillo, pese a que existe un mandamiento judicial
El Gobierno de Jalisco se niega a dar una audiencia a los habitantes de los tres pueblos afectados por la construcción de la presa El Zapotillo para explicar y debatir los términos del acuerdo firmado con el estado de Guanajuato para repartirse el agua de ese embalse.
A pesar de que existe un mandamiento judicial para que el gobernador Enrique Alfaro y parte de su gabinete establezcan una mesa de trabajo con los habitantes de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, desde 2019 los funcionarios estatales han buscado la forma de no hacerlo.
En julio de 2019, tras la celebración del “Acuerdo de entendimiento relativo al aprovechamiento de las aguas del Río Verde”, firmado por los gobiernos de Jalisco y Guanajuato, el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo solicitó el encuentro con las autoridades a través de escritos entregados en la oficialía de partes del despacho del gobernador, la Coordinación de Gestión del Territorio, la Secretaria de Planeación y Participación Ciudadana, la Secretaría de Gestión Integral del Agua y la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial.
Sin embargo, al no recibir respuesta, el comité interpuso y obtuvo un amparo para salvaguardar su derecho de petición, pero en lugar de dar cumplimiento al mandato judicial, el gobierno de Jalisco decidió combatirlo.
“En lugar de respetar un derecho básico, un derecho mínimo, el derecho de petición, sencillamente contestando por escrito lo que el gobierno estatal haya acordado con el de Guanajuato, deciden irse a tribunales, deciden gastar nuestro presupuesto, deciden invertir en personal jurídico, en abogados”, indicó María González Valencia, integrante del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec), organización que acompaña a los habitantes de los pueblos afectados.
El pasado 20 de mayo, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito reiteró el fallo en favor de los habitantes de los pueblos afectados, pero de nuevo la administración estatal se niega a cumplir el mandato judicial.
Esta vez el secretario de Gestión Integral del Agua, Jorge Gastón, contestó a la petición de los pobladores con un oficio que exige que Beatriz Espinoza Íñiguez, quien presentó el amparo, compruebe jurídicamente que es la presidenta del comité para acatar las medidas ordenadas por el tribunal.
Lo que los habitantes de estos tres pueblos buscan es debatir en una mesa técnica los argumentos de los gobiernos de Jalisco y Guanajuato para considerar que la presa es la solución a la crisis hídrica de ambas entidades cuando no se han considerado otras alternativas para el abasto de agua.
