La gobernadora electa de Guanajuato, la panista Libia García Muñoz Ledo, aseguró que es respetuosa de la iniciativa de reforma Constitucional en materia del Poder Judicial por la relación que busca con el gobierno federal.
“Yo voy hacer muy respetuosa porque implica una relación, por supuesto, con la visión federal que yo busco construir en Guanajuato en un tema que no le toca al Ejecutivo”, manifestó entrevistada por La Jornada.
Libia García, que el 26 de septiembre rendirá protesta como gobernadora, aclaró que no comparte la propuesta hecha por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, pero reiteró que será muy respetuosa de lo que se determine a nivel federal.
¿Qué no te gusta de la reforma?
-Creo mucho en las instituciones, en la evolución que han tenido a lo largo de los años, en la capacidad, en la carrera judicial, me parece que si hay un riesgo en la implementación.
“Sin embargo, yo reitero, no es un tema que me toque y voy a ser respetuosa”, insistió al finalizar una reunión con los alcaldes electos del estado.
Manifestación
En las instalaciones del Poder Judicial del Estado, en la ciudad de León, jueces y trabajadores se manifestaron contra la reforma al Poder Judicial de la Federación que también alcanza a los estados.
El juez familiar Miguel Ángel Mariachi Carpio aseguró que la protesta tiene el objetivo de pelear por la independencia del Poder Judicial.
“Nuestros patrimonios, la independencia personal y las comunicaciones corren gran peligro”, sostuvo.
La reforma
En términos generales la iniciativa de reforma al artículo 95 de la Constitución plantea que los jueces, magistrados y ministros sean electos por voto ciudadano. Reduce el periodo del cargo de 15 a 12 años.
La reforma incluye eliminar la pensión vitalicia para actuales y futuros ministros. También ajusta sus salarios al del presidente de México.
Contempla sustituir el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) por el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial.
Los fideicomisos del Poder Judicial tendrán que integrarse al Fondo de Pensiones para el Bienestar, pero respetarán los derechos y prestaciones de los empleados judiciales.
