Después de un mes entero de protestas de la oposición en la calle –el pasado fin de semana Tiflis, la capital de Georgia, fue escenario de la manifestación más multitudinaria que se haya visto ahí en los tiempos recientes–, el Parlamento de esa república ex soviética del Cáucaso del sur aprobó este martes, en tercera y definitiva instancia, la controvertida ley sobre la transparencia de la influencia extranjera.
Al contar con mayoría legislativa el Sueño Georgiano, partido gobernante creado por Bidzina Ivanishvili, magnate que amasó su fortuna haciendo negocios en Rusia y quien mueve los hilos del poder desde la sombra, el resultado de la votación –84 votos a favor y 30 en contra, con 36 legisladores que no votaron– era más que previsible, igual que la acalorada discusión entre los diputados que defendían el proyecto de ley y los que exigían retirarlo, sin faltar los ya habituales jaloneos y trifulcas entre ellos cerca de la tribuna, como pudo verse en la transmisión en directo de la televisión georgiana.
Cerca de dos mil opositores, convocados por el Movimiento Nacional Unido, acudieron desde temprana hora a las puertas de la sede del Parlamento a expresar su inconformidad con una ley que, dicen, restringe sus derechos y dificulta su labor.
La ley obliga a todos los partidos políticos, organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación, que reciban más de 20 por ciento de financiamiento foráneo, a registrarse como entidades que “sirven los intereses de una potencia extranjera” y a hacer del dominio público declaraciones anuales de sus ingresos. Sostienen que está inspirada en la norma que utiliza el Kremlin para acallar a sus rivales políticos.
La víspera de la votación llegó a Tiflis un emisario de Washington, el subsecretario de Estado para asuntos europeos y euroasiáticos, James O’Brien, quien llevó el mensaje de que Estados Unidos “tiene todas las opciones para garantizar la senda euroatlántica (ingreso a la Unión Europea y a la Organización del Tratado del Atlántico Norte) elegida por el pueblo de Georgia” y consagrada en su Constitución.
El enviado de la Casa Blanca, citado por TASS, la agencia noticiosa oficial de Rusia, también advirtió en Tiflis que “si la ley sigue adelante sin corresponderse con las normas de la Unión Europa, lo que socava la democracia, y si hay más violencia hacia manifestantes pacíficos, Estados Unidos aplicará sanciones”.
El primer ministro Irakli Kobajidze, al recibir este martes a O’Brien, subrayó que su gobierno no rechaza la “senda europea” y que sólo pretende “proteger la soberanía” de Georgia. Insistió en que era necesario aprobar esa ley debido a que “80 por ciento de esos ingresos no son transparentes y pueden utilizarse para desestabilizar la situación de cara a las elecciones parlamentarias” del 26 de octubre siguiente.
Para entrar en vigor la ley tiene que ser promulgada por la jefa de Estado, pero la presidenta de Georgia, Salomé Zurabishvili, anunció que ejercerá su derecho al veto, lo que en realidad sólo servirá para ganar algo de tiempo para que Washington y Bruselas presionen con más contundencia al gobierno de Kobajidze debido a que los legisladores de Sueño Georgiano y sus aliados pueden superar fácilmente el rechazo presidencial.
Sólo hace falta iniciar el procedimiento de anulación del veto presidencial, para lo cual se necesita reunir 76 votos de los 150 diputados del Parlamento. La mayoría oficialista cuenta con 84 legisladores.
