Querétaro: Legisladores del PAN aprueban ley sobre agua; advierten que privatizarán el servicio

En medio de exigencias de un parlamento abierto por parte de especialistas y protestas afuera del Congreso de Querétaro, el Grupo del PAN y su aliado Querétaro Independiente, que suman 16 legisladores de 25, aprobaron la “Ley que Regula la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Querétaro”, la primera sobre agua que se aprueba en la entidad.

Dicha iniciativa, impulsada por el PAN a unos meses de iniciado el gobierno de Mauricio Kuri González, incluye un capítulo sobre concesiones, uno de los aspectos que generó inquietud entre especialistas en gestión del agua, activistas y ambientalistas.

Sin ser peritos en la materia y utilizando la simple lógica, podemos asegurar que concesionar es privatizar», señaló durante su intervención en tribuna la diputada Andrea Tovar Saavedra, de Morena.

«Desde el 2015, la coalición de organizaciones mexicanas por el derecho humano al agua han venido alertando sobre el peligro de la privatización del recurso, a través de la figura de la concesión en el estado de Querétaro».

Sin embargo, diputados que votaron a favor, rechazaron que vaya a privatizarse el servicio y pidieron no contaminar el «esfuerzo» que representa ley.

“El querer o pretender igualar el término concesión con privatización, no es un aspecto de confusión, forma parte de una narrativa, el cual pretende contaminar este esfuerzo. La concesión hoy existe en el Código Urbano vigente, existe en más de 30 legislaturas en lo referente a los servicios públicos y particularmente en el tema del agua”, expuso Manuel Pozo Cabrera, expriista que llegó al congreso mediante una candidatura común impulsada por el PAN y «Querétaro Independiente», un partido satélite que perdió su registro en las pasadas elecciones.

El coordinador de los diputados del PAN, Guillermo Vega Guerrero, aseguró que la ley «es positiva, es buena».

«Esta es una ley positiva, es una ley buena, son buenas noticias para Querétaro porque esta ley mete orden, esta ley ordena cómo se están prestando los servicios de agua».

Pero el diputado del PRI, Paul Ospital Carrera, cuestionó: «Si esta iniciativa como les está diciendo el PAN a todos los que nos ven, fuera tan positiva, fuera tan buena para las queretanas y los queretanos, garantizara el derecho humano al agua, bajara los costos, tuviéramos más acceso, todo el rollo que les echaron aquí, la pregunta normal de cualquier político, que hace política, ¿por qué no los escuché en el radio promoviendo esta iniciativa, no los vi en la televisión, no los vi recorriendo las calles de sus distritos diciendo a la gente lo que iban a reformar?».

Sin abundar en la discusión de la concesión o privatización, el presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, la cual había dictaminado la iniciativa, el diputado del PAN, Germain Garfias Alcántara, destacó que la ley servirá para «ordenar, cuidar y garantizar el vital líquido en esta entidad federativa».

Garfias Alcántara mencionó que la ley elimina los macromedidores en los condominios, para que «ya no sean tema para cobro de estos servicios, ya la gente pagará por lo que consuma en base a un medidor específico».

Su compañero, Enrique Correa Sada, también del PAN, también resaltó el tema de los macromedidores. «Se concentra en solucionar los problemas de las y los queretanos, afuera en la calle», aseguró.

Sin embargo, el legislador Juan José Jiménez Yáñez, de Morena, replicó que si el grupo del PAN quería ayudar a la gente con el tema de los macromedidores en los condominios, impulsaran el tema en una iniciativa aparte, pero no dentro de la ley que contempla también las concesiones de agua.

Jiménez Yáñez consideró que la ley carece de justicia social: «Esa es la parte más importante, no tiene justicia social, son algunos sectores privilegiados”, dijo.

Antes de que Querétaro tuviera una ley sobre agua, gobiernos locales ya habían otorgado autorizaciones o concesiones a entres privados para otorgar el servicio de agua en desarrollos inmobiliarios.

Por ello, especialistas en gestión del agua consideran que esta ley va a regularizar o legalizar las concesiones.

El colectivo Bajo Tierra, una de las organizaciones que solicitó una discusión y análisis más profundo de la ley, al advertir su carácter privatizador, identifica en su estudio “Acaparamiento de lo público y mercantilización de lo común”, unas 22 entidades privadas en Querétaro.

«Todas están asociadas a compañías inmobiliarias cuyos fraccionamientos, desarrollos industriales y centros comerciales son los beneficiarios exclusivos del abastecimiento. En más de un caso, sus asociados o cuerpos directivos están conformados por socios y familiares de empresas inmobiliarias que a su vez tienen relación con otras operadoras. Esto significa que una misma inmobiliaria puede estar asociada a varias operadoras”.

El diputado del PRI, Paul Ospital, consideró que el estado de Querétaro necesita una ley sobre agua, pero desaprobó que durante el proceso de esta ley, hubo «madruguetes, incongruencias y triquiñuelas».

«Repetimos el mismo patrón y el mismo error, hoy Querétaro está dejando pasar la oportunidad de tener una verdadera ley de aguas, de construirla con la sociedad civil, de escuchar a la sociedad organizada, de hacerlo en conjunto con quienes representan ustedes».

Sus compañeros priistas en el congreso local, Juan Guevara Moreno y Graciela Juárez Montes, presentaron una iniciativa sobre agua, adicional a la del grupo del PAN, pero esta también fue cuestionada por contemplar la figura de las concesiones.

Ambos diputados se abstuvieron de votar la iniciativa que recibió 14 votos a favor de legisladores del PAN y 2 de «Querétaro Independiente», suficientes para aprobarla.

En contra votaron Ospital Carrera del PRI y los 5 diputados integrantes del grupo de Morena.

El legislador del Partido Verde Ecologista de México, Ricardo Astudillo Suárez, no asistió a la discusión y aprobación de la ley, al pedir un «justificante».

Tras su aprobación, hay iniciativas para impugnar la nueva ley, que incluso el gobernador Mauricio Kuri González ha defendido, al asegurar que dará «certidumbre, competitividad y sustentabilidad».

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